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Justicia climática y derechos humanos

Por Rose Astride Meling Moum estudiante en práticas en la Fundación Mainel
Máster en Marketing Político y Comunicación Institucional.

La justicia climática tiene su origen al principio de los años 1980 en los Estados Unidos en relación con los movimientos de derechos civiles, tras las protestas contra las emisiones de las fábricas contaminantes que afectaban a barrios desfavorecidos, habitados mayormente por poblaciones amerindias y afroamericanas, perjudicando así su medio ambiente y sus recursos naturales. Esto dio a luz al término «racismo ambiental» por Chavis en 1987.

Así surgió el movimiento de estas poblaciones afectadas: el movimiento por la justicia ambiental. Este se distingue del movimiento ecologista en que ve el cambio climático como resultado de un sector industrial mal regulado, como el producto de un sistema económico obsesionado con el crecimiento por el crecimiento. La justicia climática es una forma activa de afrontar los retos del cambio climático, causado por el capitalismo excesivo.

Hoy en día, la justicia climática ha tomado una dimensión internacional, que reconoce que hay un cambio climático perjudicial que es causado por los gases de efecto invernadero emitidos por los países desarrollados y cuyos efectos perjudiciales son sufridos en los países menos desarrollados. Es una situación de injusticia en la que los pobres de ciertas partes del mundo están pagando el precio de la carrera por el enriquecimiento de las regiones privilegiadas. Según relataba Fabrice Flipo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2002, «en ausencia terceras partes capaces de administrar justicia: los más fuertes traspasan sus derechos y escapan de sus deberes, constituyendo poco a poco a pequeños potentados privados». Este concepto llama a pensar en implementar medidas de reducción, reparación y compensación, cuando no ha podido evitarse el daño ecológico. En otras palabras, la libertad de explotar el medio ambiente se detiene allí donde amenaza la vida de los otros. Por lo tanto, se trata de no sobreexplotar un recurso, a riesgo de dañar la vida y las actividades humanas… o simplemente el pleno disfrute de los derechos humanos.

El reconocimiento oficial de la relación entre cambio climático y los derechos humanos está consagrado por el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas en 2007, mediante la adopción de resoluciones según las cuales el cambio climático «es una amenaza inmediata y de largo alcance sobre las poblaciones y comunidades de todo el mundo y tienen un impacto en el disfrute efectivo de los derechos humanos «. Estas amenazas son:

  •  La escasez o incluso la amenaza de desaparición de los suministros de agua debido al derretimiento de los glaciares
  • La sequía extrema que favorece los incendios en bosques, los ciclones, y los tifones
  • La elevación del nivel de los océanos y los mares que plantea una amenaza para millones de personas que viven cerca, entrañando riesgo de inundaciones y erosión
  • Enfermedades causadas bajo el efecto de las olas de calor e inundaciones
  • Malas cosechas debido a la disminución de las precipitaciones, con consecuencia del aumento del precio de los alimentos (el golpe más duro para el continente africano)
  • Inestabilidad de las estaciones con consecuencias para la flora y fauna. Todo esto debido al uso de combustibles fósiles, la explotación de los bosques tropicales de grandes empresas… Actividades que liberan enormes cantidades de gases de efecto invernadero, que se añaden a los naturalmente presentes en la atmósfera, y que causan el calentamiento del planeta.

Uno de los testimonios recogidos por la ONG Environmental Rights Action en el 2012, nos permite comprender la dificultad de los desfavorecidos ante el no respeto de los derechos humanos, debido a la abusiva explotación de petróleo en el EGI en el Delta de Níger en África por la multinacional Total. «Todo comenzó por una explosión subterránea, acompañado de un fuego subterráneo. Fueron seguidos por erupciones muy fuertes y explosivas de gas. Fueron expatriados de Total al lugar y les preguntamos y nos dijeron que no había ninguna solución al problema. A pesar de que no podemos dormir por el ruido causado por el gas enfurecido. Y además, inhalamos este gas y estamos notamos algunos efectos extraños en nuestra salud (…) » informaba tristemente un residente local.

Para cambiar la forma en que percibimos la responsabilidad climática de los actores económicos y políticos, se llevan a cabo varias acciones legales para perseguir a los Estados y empresas que contribuyen al calentamiento global. Tanto por las organizaciones no gubernamentales como por la sociedad civil.

Por ejemplo, en Filipinas encontramos el caso de Greenpeace contra el Gobierno de Noruega al final de 2017 por haber permitido la extracción marítima de petróleo. Estos permisos para realizar nuevas perforaciones en el Ártico de Greenpeace son contrarios al acuerdo de París sobre el clima y la Constitución de Noruega.  Y también el caso Leghari en septiembre de 2015 en Pakistán en la que los querellantes ganaron el proceso. El caso fue presentado por un granjero, el señor A. Leghari, que discutió el hecho de que el cambio climático pone en riesgo abastecimiento de agua y seguridad alimentaria. Como resultado de este proceso, una Comisión sobre el cambio climático fue establecida para supervisar el progreso resultante de la aplicación de la política nacional sobre el cambio climático.

Incluso en la lucha contra el cambio climático, se han organizado diversas conferencias internacionales, la más famosa es la Conferencia de París de 2015 sobre el clima(COP21), cuyo objetivo era lograr, por primera vez, un acuerdo universal y vinculante para luchar eficazmente contra el cambio climático y para acelerar la transición a las sociedades y economías resilientes y sobrias en la emisión de carbono. El razonable Acuerdo entrará en vigor en 2020. 195 países de 197 reconocidos por la ONU firmaron este Convenio, excepto Siria y Nicaragua que lo boicotearon… y recientemente los Estados Unidos, quien hizo un giro inesperado retirandose porque, para Donald Trump: «los acuerdos de París no protegen el clima, lo que hacen es distribuir la riqueza de los Estados Unidos en otros países». Salvo que, según proyecciones de los investigadores de la organización Climate Interactive, la cantidad de gases de efecto invernadero podría aumentar a 3 billones de toneladas de CO2 en 2030, como resultado de la retirada de Estados Unidos. Prevén un aumento de 0,3 grados en general sobre los 3 grados como ha emitido hasta ahora el peor contaminador del planeta, con 17 toneladas de CO2 por año per cápita.

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Por lo tanto, el desarrollo sostenible es un imperativo. La sustitución de combustibles fósiles por energías renovables y la responsabilidad social (RSE) son necesarias para tomar mejor en cuenta el impacto de las actividades de las empresas sobre el medio ambiente y la sociedad. Sea cual sea el campo actividad o el tamaño de la empresa, cada una puede integrar en sus actividades y en las interacciones con sus empleados y proveedores las preocupaciones socio-ambientales. Proteger los derechos humanos requiere también que la comunidad internacional de a los derechos ambientales una envergadura internacional. Esta decisión tendría repercusiones en la política y la responsabilidad de los gobiernos, lo que explica por qué algunos países restan dubitativos ante las medidas.

 

Referencias:

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